Lunes, 17 Octubre 2005
Oct17

Los abusos de Giorgana en la Gran Comisión

Un par de contratos firmados por el que fuera presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, deja al descubierto los excesos y abusos con que se condujeron algunos melquiadistas el sexenio pasado, en materia de adquisiciones de bienes y servicios.

 

Para documentar nuestro aserto, habrá que comparar algunos gastos de esta legislatura con la anterior.

 

En diciembre de 2003, el entonces diputado Víctor Manuel Giorgana firmó un contrato con la compañía Xerox para que sacara las copias requeridas por el Poder Legislativo durante un plazo mínimo forzoso de 24 meses. Por la prestación del servicio se fijó un pago mensual de 30 mil 934 pesos 80 centavos.

 

Esta contratación, ya de por sí irregular pues rebasaba el periodo constitucional de la LV Legislatura, deja mucho a la imaginación no sólo por el monto del contrato, sino por lo que el Congreso aceptó pagar en promedio por cada fotocopia: 3.87 pesos.

 

En cualquier centro de copiado de la ciudad el costo por unidad es de 50 centavos.

 

Sin embargo, la transa va más allá.

 

Oficialmente el Congreso del estado tenía contratadas 120 mil copias mensuales, pero su consumo real era menor de 85 mil en promedio. De la diferencia, nadie sabe y nadie supo.

 

En septiembre de 2004, el Poder Legislativo requirió 102 mil 315 fotocopias, en septiembre de este año sólo 93 mil 193. Sin embargo, la diferencia del comparativo de marzo de 2004 con marzo de 2005 es de 57 mil 343 unidades.

 

Con el servicio de telefonía celular, los abusos fueron todavía mayores.

 

En la gestión de Giorgana, el Congreso suscribió un contrato con Telcel por un plazo mínimo forzoso de 24 meses, a partir del 26 de julio de 2004.

 

Por medio de ese contrato, cuya vigencia también rebasó el periodo constitucional de la LV Legislatura, el Congreso se comprometió a erogar una renta mensual de 50 mil minutos, por un monto de 60 mil pesos más IVA.

 

Sin embargo, el consumo real de la LV Legislatura no alcanzaba ni los 25 mil minutos mensuales.

 

De la diferencia, nadie sabe y nadie supo.

 

Lo que sí  se sabe es que antes, en la gestión de Giorgana, el Poder Legislativo pagaba entre 7 mil y 12 mil mensuales por diputado, en llamadas de larga distancia y a celulares que supuestamente salían del conmutador, y que hoy el costo promedio de estas llamadas fluctúa entre mil 800 y 2 mil pesos.

 

Pero las transas, porque no pueden llamarse de otra forma, del hoy director general de Carreteras de Cuota Puebla se amplían a otros rubros, como viáticos e impresión, de los que en otra entrega nos ocuparemos.

 

INTRAMUROS

Algo está fallando en la estrategia marinista para que los empresarios poblanos acepten que el impuesto sobre nóminas se incremente del 1 al 2% el año entrante.

 

Un primer error es que la información se filtró antes de que la estrategia de convencimiento estuviera en marcha. Este yerro se atribuye al protagonismo del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Juan Alberto Armendáriz Martínez.

 

Un segundo error es que el gobierno ha querido negociar con las cámaras empresariales este gravamen en lo oscurito, es decir, en reuniones a puerta cerrada donde el eje argumentativo no son los aspectos técnicos sino las relaciones públicas.

 

Además hay que decir que los secretarios de Finanzas, de Desarrollo Económico y del Trabajo han vendido a los dirigentes empresariales una expectativa que no corresponde a la realidad, o que públicamente es insostenible.

 

Me explico:

 

El secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, dice que si el ISN aumenta el estado captaría 350 millones de pesos adicionales, que podrían utilizarse para la promoción de Puebla y el fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico.

 

Pero a la hora de explicar por qué la Secretaría de Desarrollo Económico sólo tiene asignado un presupuesto anual de 19 millones de pesos, si el Estado capta 350 millones con el 1%, simple y llanamente se le hace bolas el engrudo. Por supuesto, lo mismo sucede cuando se le interroga sobre el destino de los 331 millones restantes de ese gravamen.

 

Esto sin contar el argumento favorito del secretario de Finanzas: Que esta administración recauda más que la anterior.

 

A partir de ahí Gerardo Pérez y los demás secretarios se desatan en críticas y descalificaciones a la gestión melquiadista, acusándola de ineficiente y displicente, ya que al heredar pasivos y compromisos limitó el margen de acción de la actual administración.

 

En las reuniones de cabildeo los secretarios de Finanzas, Desarrollo Económico y Trabajo han llegado con pocos argumentos para negociar, pues refieren que Puebla ha perdido competitividad, pero no explican cómo un aumento de 1 al 2% del impuesto sobre nóminas nos hará más competitivos.

 

Tampoco tienen respuesta cuando les contraargumentan que, si bien en algunas entidades como Oaxaca el impuesto sobre nóminas es del 2%, éste sólo es aplicable a empresas grandes, es decir, de más de 80 trabajadores.

 

Pero quizá el peor de todos los errores ha sido vender en medios la idea de que el empresariado poblano ya aceptó un alza del 100% en el impuesto sobre nóminas, siendo por naturaleza que el hombre de negocios siempre estará en contra de aquello que vaya en detrimento de sus utilidades.

Una cosa es que los empresarios cercanos al gobernador lo respalden políticamente, y otra que la mayoría las cámaras y organismos de la iniciativa privada avalen un alza de impuestos. Eso, por elemental lógica, es imposible.

 

En suma: los dirigentes empresariales tienen claro que el gobierno quiere convencerlos por la buena, y hasta seducirlos como Madrazo a Elba Esther, pero que al final, por las buenas o por las malas, les aplicará la roqueseñal.

 

Un detalle que no debemos olvidar es que esta polémica ya se tuvo en el pasado reciente con el impuesto al hospedaje y, cuando se impuso, se dijo lo mismo que ahora: que Puebla tendría mayores recursos para la promoción turística; que los fondos no los manejaría el gobierno sino un Consejo integrado y manejado por hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos; que la Secretaría de Turismo dejaría de ser el patito feo del gobierno para tener tanta o más importancia que las secretarías de Turismo de Quintana Roo, Guerrero o Oaxaca.

 

¿Y qué ha pasado?

 

Tristemente, todo sigue igual si no es que peor, empezando porque el titular del ramo —Juan José Bretón Ávalos— ni siquiera es recibido por su jefe, y menos después de aquel berrinche que le hizo en plena reunión de gabinete, hace ya un par de meses.

 

¿Voy bien o me equivoco?

 

EN CORTO

La directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Ana Teresa Aranda Orozco, no sólo pidió la expulsión del Partido Acción Nacional del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Antonio Díaz García, sino también del diputado local Raymundo García García. A ambos La Doña los acusa de difamación y de haber filtrado en perjuicio suyo la especie de haber hecho proselitismo partidista a favor de Felipe Calderón Hinojosa valiéndose de bienes públicos. ***** Dos días después de la visita de Roberto Madrazo Pintado a Puebla, prevista para el sábado 22 de los corrientes, estará en la entidad el ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, quien visitará los municipios de San Martín Texmelucan, Puebla y Tehuacán. ***** A propósito. Me cuentan que el jueves estuvo por la Sierra Norte de Puebla, la coordinadora estatal de la campaña de Arturo Montiel, y que en su recorrido por municipios como Xicotepec, Huauchinango y Zacatlán se pudo apreciar el apoyo que le brindan algunos priístas inconformes de la región como Juan Carlos Lastiri Quirós, y los diputados Enrique Vite y Zenorina González Ortega. En el caso de ésta última se dice que su marido, el profesor Cristóbal Blanco Montaño, es el operador del ex gobernador del estado de México en el municipio de Xicotepec de Juárez. ***** El pasado viernes 7 de octubre hubo un tremendo festejo en el restaurante 1800, al que acudieron los miembros del Comité Ejecutivo de la Aspabuap. La bebida corrió de manera tan generosa que hubo dirigentes sindicales que terminaron ahogados de borracho en el retrete del baño, entre ellos el secretario del Interior y Relaciones Exteriores. ***** Me mandan a decir por medio de un correo electrónico, que no fue el secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Puebla, Luis Banck Serrato, quien instruyó a su personal a entregar una relación de diez priístas comprometidos con la causa madracista con nombre, dirección, teléfono y clave de credencial de elector, sino un subordinado de éste en la dependencia municipal de nombre Juan Manuel Zavala. ***** El jueves pasado, el secretario técnico del gabinete de Mario Marín Torres, Jaime Alcántara Silva se puso a distribuir por fax un elogioso artículo que sobre el panista Felipe Calderón publicó el sábado 17 de septiembre en El Sol de México. Lo curioso del caso es que los destinatarios del documento fueron los propios diputados del PAN en el Congreso del estado. ***** El ex procurador de Justicia en el estado durante el sexenio bartlista y ex secretario de Gobernación y de Educación en la gestión melquiadista, Carlos Alberto Julián y Nacer, podría ser nombrado director de la licenciatura en Derecho de la Universidad de las Américas Puebla. Julián y Nacer se desempeña a la fecha como profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho de la UDLA-P. Antes fue docente de la Escuela Libre de Derecho, donde por cierto hizo fama de buen catedrático. ****** Abel Hernández López fue designado el miércoles de la semana pasada director general de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación federal, cargo que lo convierte en el brazo derecho del subsecretario Enrique Aranda Pedroza. Abel Hernández se desempeñaba, hasta antes de su ascenso, como director de Medios Impresos de la misma dependencia. En su nueva responsabilidad, el ex secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN tiene como principal tarea la evaluación y autorización de las campañas de comunicación social del gobierno federal y de los criterios de inversión de las dependencias del Poder Ejecutivo en medios de comunicación impresos y electrónicos. ***** El empresario Eduardo García Suárez, ex presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), podría ser una de las cartas fuertes del Partido de la Revolución Democrática para contender por una diputación federal en las elecciones de julio de 2006. ¿De qué depende su nominación? A decir de fuentes confiables de un par de circunstancias externas. Una, la más importante, es que Manuel Camacho Solís y Agustín Ortiz Pinchetti convenzan al Peje de que García Suárez sería un buen aliado en Puebla y, dos, que el Partido Acción Nacional postule al ex presidente de la Coparmex y actual subsecretario de Desarrollo Social, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, como candidato a diputado federal por uno de los cuatro distritos de Puebla. Y es que en la lógica de los maquiavélicos operadores políticos de Andrés Manuel López Obrador para que la acuña apriete debe ser del mismo palo. Un pequeño inconveniente que podría echar por la borda la intentona de hacer al ex presidente de la Concanaco candidato a una curul en la Cámara Baja es que éste condicionó su nominación al hecho de que el PRD lo incluya en su lista de candidatos a diputados por la vía plurinominal. ***** Y hasta la próxima.