20/Agosto/2012
Fernando Pérez Corona

Tras la detención de Germán Montelongo Cortez, quien se desempeñaba como director de Desarrollo y Seguimiento Operacional del Capcee en Puebla, el secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, aseguró que en el momento de la acción judicial  "este señor ya no era funcionario" del organismo estatal; sin embargo, desde el año pasado pesaban sobre el ex servidor público multas e inhabilitaciones por cargos ocupados en Aguascalientes.

El pasado día 10 de este mes, Montelongo Cortez fue aprehendido por elementos de la Policía Ministerial de Aguascalientes en esta Angelópolis, acusado de cometer delito de peculado cuando fungió como tesorero en Calvillo, municipio de esa entidad, durante la administración del panista Jesús Soto López (2007-2010), a quien la jueza mixta, Ivonne Guerrero, le dictó auto de formal prisión el pasado 14 de este mes por el mismo ilícito imputado a su ex colaborador, así como ejercicio indebido del servicio público.

Cabe recordar que el Código Penal de Aguascalientes establece, en su artículo 216, que el delito de peculado consiste en la distracción que haga el servidor público, para usos propios o ajenos, de dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al estado o a un municipio, a un organismo descentralizado o a un particular.

Germán Montelongo, quien en el directorio de sujetos obligados de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) está todavía acreditado como titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información, ya está recluido y a la espera de la resolución del juez III de Distrito, ante el cual solicitó amparo —expediente 1393/2012— en contra de la orden de aprehensión librada por el juez I de lo Penal, según la lista de acuerdos.

A la par, el ex funcionario morenovallista también tiene en trámite otros juicios de nulidad promovidos en el Tribunal Administrativo del Poder Judicial contra las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría municipal, derivadas de las observaciones realizadas por el Congreso de Aguascalientes a las cuentas públicas municipales, las cuales no fueron solventadas.

De acuerdo con estos procesos, el Poder Legislativo concluyó que Montelongo demeritó la hacienda municipal por cantidades que van de 5 mil pesos, por concepto de descuentos dados a discreción, hasta dos millones, por desviar recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), lo que también le representó multas e inhabilitación para ejercer cargos en el servicio público.

En este sentido, Maldonado Venegas aseguró que cuando Montelongo asumió su cargo en el Comité Administrativo Poblano de Construcción de Espacios Educativos (Capcee), no tenía antecedentes penales.

Sin embargo, admitió que este caso obliga a la dependencia a definir nuevos mecanismos para evitar la infiltración en la administración estatal de personas con procesos abiertos.

“Vamos a buscar otros mecanismos que nos permitan prever que estos perfiles no se nos infiltren en la administración pública”, dijo el titular de la SEP.

Montelongo Cortés es contador público, egresado de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes y fue ejecutivo de Cuenta y Gerente de Sucursal Banca Comercial Serfin, HSBC, Scotiabank y Santander, además de encargado de Recursos Materiales y Financieros en el Sector Público en el municipio de Aguascalientes.

Preocupación empresarial

Sobre este tema, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Rodríguez Álvarez, subrayó que es obligación de las autoridades revisar los expedientes de las personas que contratan, por lo que externó la preocupación del sector empresarial por los señalamientos que se han hecho en contra de funcionarios de la actual administración por corrupción en sus estados de origen.

“La obligación de la autoridad estatal es revisar los expedientes de quién contrata y si se sabe de dónde vienen, es como cualquier contratación en el sector privado: lo inmediato es pedir referencias a donde laboraba anteriormente".

Finalmente, el representante del sector privado hizo un llamado para que se cumpla la ley y que no se amparen posibles casos de corrupción o delincuencia al interior de la gestión estatal. (Con información de Erika Mejía)